Son 5.711.299 personas de 18 años o más que declararon que la educación superior es el nivel educacional más alto alcanzado, lo que equivale al 30,9% de la población censada, es decir, casi 1 de cada 3 personas adultas en el país ha logrado acceder a la educación superior. Los tramos de edad que concentran mayor participación en educación superior son de 18-29 años y 30-44 años, lo cual podría decirse que es un fenómeno esperado producto de la expansión de la educación superior durante los años 90 y 2000. Esta transformación sociocultural también ha tenido efectos en el mercado laboral: hoy más del 40% de la fuerza laboral del país tiene educación superior completa, lo cual ha implicado una mayor oferta de profesionales en el mercado. Estos números pueden sugerir distintas miradas y análisis, pero lo que no está en duda es que el avance en el acceso a la educación superior ha permitido una democratización en la formación y una mayor movilidad social, sobre todo entre los estratos más vulnerables de la sociedad.
No obstante, estas transformaciones también implican desafíos importantes, dado que una mayor oferta de personas profesionales genera mayor presión por empleos de mayor calificación, lo cual podría generar un desequilibrio entre oferta y demanda. Según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), para el trimestre móvil enero – marzo 2026 se estima que son alrededor de 3,9 millones las personas ocupadas con educación superior completa, lo que equivale al 41% de los ocupados a nivel nacional, cifra que solo llegaba al 27% en el año 2015. Este aumento significativo señala que hoy tenemos una mano de obra más calificada en el mercado laboral, pero también mayor competencia por este tipo de empleos. Producto de esta competencia, se producen fenómenos complejos como el denominado “desempleo ilustrado” o el crecimiento del subempleo por calificación. Este último dice relación con aquellos profesionales que ocupan puestos de trabajo de menor calificación.
Son alrededor de 360.000 personas desocupadas con educación superior durante el trimestre móvil enero – marzo 2026, lo que equivale al 39% del total de desocupados a nivel nacional. Esta cifra, sin duda, crece si tomamos en cuenta el subempleo por calificación. Por ende, el desafío ya no es solo formar capital humano, sino que la economía genere suficientes empleos acordes a esa calificación. Este equilibrio debe ser abordado con estrategias y políticas públicas eficientes, donde el foco esté en las personas jóvenes que ingresan al mercado laboral. En este contexto, la generación de información y la implementación de instrumentos de evaluación de impacto toman forma y sentido. La formación debe estar alineada con los requerimientos del mercado, tanto en cantidad como en calidad. El desafío hoy es mayor: habitamos un mercado del trabajo cada vez más dinámico, donde la actualización constante de las competencias y habilidades es un imperativo que se deberá extender por toda la vida laboral.
Raúl Díaz Espinoza
Jefe de Proyecto Observatorio Laboral Atacama – INACAP Sede Copiapó
Sociólogo, Mg. en Políticas Públicas y Gobernanza Territorial.
