Un trabajo incesante y con desgaste personal de hombres y mujeres de todas las regiones, es el que desarrollaron los convencionales constituyentes en el país.
El compromiso de un cambio sustancial a la actual Constitución que incluya la paridad y a los pueblos originarios, son temas que fueron demandados y que ahora están llegando a un momento histórico con en el desarrollo de la nueva Carta Magna.
La injusticia social y las diferencias evidentes que tienen algunos sectores en la sociedad, impulsaron a la población a poner temas en la agenda y que ahora se podrían ver ratificados en el plebiscito de septiembre, siempre que se sorteen los obstáculos que han existido para el desarrollo del proceso y la campaña comunicacional que existe en contra de un tren de cambios que se requieren con urgencia.
Lejos de generar incertidumbre, se trabaja para dar certezas a largo plazo y por lo mismo a veces las discusiones fueron extensas y no lograban los acuerdos de manera sencilla, pero ese es justamente el ejercicio de la democracia, con una sociedad tan diversa que tenemos hoy en nuestro país.
Ahora ya se ven avances en el borrador y la armonización de lo que será la Constitución que se será presentado el lunes 4 de julio. Un tema relevante son las comunicaciones, y los avances que tendrá, como es el hecho de que toda persona individual o colectivamente, tendrá derecho a producir información y a participar equitativamente en la comunicación social. Se reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e información.
Además, uno de los artículos espera consagrar el fin de la concentración de la propiedad de los medios, lo que se traduce en que el Estado impedirá que existan monopolios de ningún tipo (públicos ni privados).
Lo anterior, han sido demandas históricas del Colegio de Periodistas y que se han venido poniendo en relieve en los últimos Congresos Nacionales y que se ratificó en Chillán el pasado 29 de mayo, lo que marca un espacio mayor para dar diversidad de voces y que no se concentre el “poder” de los medios en algunos pocos solamente.
Otro aspecto a destacar, es que todas las personas, individual y colectivamente, tienen derecho al acceso universal, a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación, con pleno respeto de los derechos y garantías que establecen esta Constitución y las leyes.
El Estado tendrá la obligación de superar las brechas de acceso, uso y participación en el espacio digital, sus dispositivos e infraestructuras. Es deber del Estado promover y participar del desarrollo de las telecomunicaciones, servicios de conectividad y tecnologías de la información y comunicación. La ley regulará la forma en que el Estado cumplirá este deber, así como su participación y la de otros actores en la materia.
Se espera que el Estado garantice el cumplimiento del principio de neutralidad en la red. Las obligaciones, condiciones y límites en esta materia serán determinados por la ley.
Además, descrito en el borrador, está el hecho que el Estado garantice el acceso libre, equitativo y descentralizado, con condiciones de calidad y velocidad adecuadas y efectivas a los servicios básicos de comunicación.
Toda persona tendrá el derecho a la educación digital, al desarrollo del conocimiento, pensamiento y lenguaje tecnológico, así como a gozar de sus beneficios. El Estado asegurará que todas las personas tengan la posibilidad de ejercer sus derechos en los espacios digitales, para lo cual creará políticas públicas y financiará planes y programas gratuitos con tal objeto.
Todas las personas tienen el derecho a participar de un espacio digital libre de violencia. El Estado desarrollará acciones de prevención, promoción, reparación y garantía de este derecho, otorgando especial protección a mujeres, niñas, niños, jóvenes y disidencias sexogenéricas. Las obligaciones, condiciones y límites en esta materia serán determinados por la Ley.
A lo anterior, se suma que se describió la existencia de medios de comunicación públicos en distintos soportes tecnológicos, que respondan a las necesidades informativas, educativas, culturales y de entretenimiento de los diversos grupos de la población. Estos medios de comunicación serán pluralistas, descentralizados, y estarán coordinados entre sí. Asimismo, gozarán de independencia respecto del gobierno y contarán con financiamiento público para su funcionamiento. La ley regulará su organización y la composición de sus directorios, la que estará orientada por criterios de idoneidad y técnicos.
De ahí la importancia del proceso que llega al punto cúlmine en estos días, en el que estamos inmersos y donde debemos ver lo que se está debatiendo y proponiendo, porque de esto dependerá el orden social que requiere un nuevo Chile.
Por Marcel Gaete Parraguez, Consejero Nacional Colegio de Periodistas de Chile.
